En el acompañamiento al caso Ayotzinapa, continuamos caminando con el colectivo de padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. A pesar del desgaste físico y emocional de 8 años en búsqueda de justicia, de los obstáculos en la Fiscalía General de la República y las Fuerzas Armadas y de un nuevo intento por dar un cierre mediático al caso desde el Ejecutivo federal, el colectivo, con el acompañamiento del Centro ProDH, Serapaz, Tlachinollan y Fundar, ha logrado mantener la presión política y mediática sobre el gobierno para esclarecer plenamente el caso a través del seguimiento jurídico, el diálogo político en la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (COVAJ), la presión para mantener la observación y asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y una estrategia mediática centrada en la perspectiva de las víctimas.
Este trabajo ha logrado demostrar, ahora a través de una investigación judicial con sustento técnico, que el caso Ayotzinapa fue producto de un operativo coordinado entre autoridades de todos los niveles y el crimen organizado; por ello, ha sido clave para brindar evidencia sobre los peligros de la militarización y la opacidad que existe dentro de las instituciones militares, y así, contrarrestar la narrativa a favor de las Fuerzas Armadas que actualmente viene del presidente.